"La justicia es un cachondeo". Pedro Pacheco, ex-alcalde de Jerez.
Así de fácil, envuelto en ese “deje” tan particular del habla andaluza, calificó en su momento a la Administración de Justicia Española, hace ahora más de veinte años, el que fuera alcalde de Jerez, Pedro Pacheco.
Algunos años más tarde, yo, personalmente, me vi en la necesidad de cuestionar seriamente a nuestra administración de justicia, mediante el libro “La inJusticia en España”.
Por desgracia, a pesar de las más de dos décadas transcurridas y las innumerables denuncias efectuadas desde los más diversos sectores de nuestra sociedad, las cosas, lejos de haber mejorado en algo, han venido a confirmar aquellas palabras y cuantos escritos se han vertido sobre su ineficacia, su inequidad y, lo más terrible, sobre la dudosa honradez de la Administración de Justicia Española. Ya se lamentaba el Talmud: “¡Ay de la/s generación/es cuyos jueces merezcan ser juzgados!”.
Dejando al margen las razones que obliguen a un ciudadano a acercarse a un juzgado, acuda a él en calidad de acusador o de acusado, la imagen, siempre distante y extremadamente fría del lugar y de sus habituales ocupantes, ratificada por la consciente “auto magnificencia” de un/a juez/a que parece llegado de otra galaxia, le provocará una desalentadora sensación que tardará mucho tiempo en asumir y olvidar.
Pese a ello, y siempre en la primera visita - las siguientes, por experiencia, serán cosa distinta - el obligado visitante depositará en aquel lugar toda la confianza de que dispone para la mejor solución de su problema, deslumbrado de manera especial por la endiosada actitud - yo calificaría de voluntaria pose – de sus “señorías”. Lamentablemente, el resultado final, por lo general, será la obtención de una sentencia tardía, cara, ineficaz e irresponsable. En definitiva: siempre injusta.
Y si bien es cierto que todas y cada una de esas desalentadoras experiencias quedarán en el “armario” de cada uno de sus protagonistas, no alcanzando la difusión que tal injusticia merecería; no sucede lo mismo con aquellos asuntos que, transcendiendo de lo privado, afecta de lleno nuestras vidas: son las actuaciones judiciales derivadas de las actividades políticas, legales o no.
Y aún así, pese a la difusión que permite a la ciudadanía el conocimiento de estas últimas y la trascendencia que de ellas puedan derivarse, los parámetros de su mal funcionamiento, en ocasiones plenamente consciente y responsable de rozar de lleno, sino sobrepasar el lícito penal, son fácilmente intercambiables.
Las actuaciones a lo largo de estos últimos años de una Institución Fiscal, arropada, sino en connivencia plena con una Judicatura desnaturalizada, han pasado de sorprendernos, a obligarnos a replantearnos la sensatez y el equilibrio de tan necesarias instituciones.
Son tan burdas sus decisiones que no cabe apelar, para contrarrestar el malestar del ciudadano, el presumible desconocimiento que en materia jurídica éste pueda tener. Lejos, muy lejos de ello, lo que cabe pensar es que algunas de sus “señorías” han perdido el juicio o, descaradamente, poniéndose el birrete, la toga y los manguitos por montera, han decidido tomarnos el pelo.
En ningún momento debemos olvidar que, pese a ser dura, la Ley es, por encima de cualquier otra consideración, Ley. Un conjunto de normas que nos hemos dado para ser aplicadas con toda contundencia, sin matizaciones que, al albur de unos intereses determinados y con demasiada frecuencia bastardos, las desnaturalicen.
Es por ello que la mayoría de las actuaciones realizadas a lo largo de estos cuatro últimos años, por determinados jueces de la Audiencia Nacional, presididos, cómo no, por el ínclito juez Garzón, y de los Tribunales Supremos, sin olvidarnos del Constitucional, en clara connivencia con el estamento fiscal, además de ser una constante provocación a la inteligencia del ciudadano, produce vergüenza ajena.
Pese a que en estos casos es difícil de aceptar, cualquier persona con el mínimo sentido común - elemental sentido que se le supone en profusión a los estamentos jurídicos - podría entender que puedan darse contradicciones por razones de estricta interpretación de los libros de leyes.
Lo que ya no es tan fácil de entender y aún menos de asumir es que, partiendo de los mismos parámetros jurídicos, aquello que sirvieron para exculpar, o no sancionar en el mes de, pongamos por caso octubre, alcanzado el mes de febrero, y sin que se haya producido cambio alguno relevante en la documentación del proceso, provoquen la inmediata detención del procesado y su encarcelamiento sin fianza.
A nadie se le escapa que las decisiones del egocéntrico juez Garzón, en esta ocasión descaradamente encaminadas a favorecer las aspiraciones del psoe de ganar las próximas elecciones del 9 de marzo, son provocadas y precedidas por intereses impúdicamente partidistas. El caso concreto del procesamiento de la cúpula de la mal llamada “izquierda abertzale”, más conocida como eta, sería, sino fuera por la incongruencia en si misma, de juzgado de guardia. Por desgracia, no es el único caso.
Y uno, en su obligada “ingenuidad”, se pregunta por las razones que puedan justificar tan descaradas contradicciones en la aplicación de las leyes y, de manera especial, la incomprensible inoperancia de unos poderes judiciales que no se manifiestan con contundencia, para evitar desmanes de esta envergadura. Obsérvese la indolencia del Consejo General del Poder Judicial ante la desvergonzada manipulación que de la Justicia, desde hace mucho tiempo, viene haciendo este juez, en función de sus “conveniencias políticas”.
Por ello, aunque me permita a través de esta tribuna advertir al impresentable “juez estrella” que ya no engaña a nadie con sus burdas artimañas ¿jurídicas?, no puedo, como ciudadano común, dejar de preocuparme, en extremo, lo que ya en su momento denuncié en el libro “La inJusticia en España”: el omnímodo poder de los jueces en España.
De manera que frente a la seguridad que debería inspirar la justicia para el ciudadano, ¿cómo no sentirse inseguro, e incluso indefenso, ante una Administración de Justicia, que asume con toda naturalidad situaciones de esta envergadura, públicamente interesadas y descaradamente manipuladoras, de determinados jueces?
¿Por qué frente a casos como el presente no saltan todas las alarmas, ni se observa, en la Judicatura, el más leve movimiento de preocupación en busca de caminos que permitan atajar tales desmanes?
Felipe Cantos, escritor.
Así de fácil, envuelto en ese “deje” tan particular del habla andaluza, calificó en su momento a la Administración de Justicia Española, hace ahora más de veinte años, el que fuera alcalde de Jerez, Pedro Pacheco.
Algunos años más tarde, yo, personalmente, me vi en la necesidad de cuestionar seriamente a nuestra administración de justicia, mediante el libro “La inJusticia en España”.
Por desgracia, a pesar de las más de dos décadas transcurridas y las innumerables denuncias efectuadas desde los más diversos sectores de nuestra sociedad, las cosas, lejos de haber mejorado en algo, han venido a confirmar aquellas palabras y cuantos escritos se han vertido sobre su ineficacia, su inequidad y, lo más terrible, sobre la dudosa honradez de la Administración de Justicia Española. Ya se lamentaba el Talmud: “¡Ay de la/s generación/es cuyos jueces merezcan ser juzgados!”.
Dejando al margen las razones que obliguen a un ciudadano a acercarse a un juzgado, acuda a él en calidad de acusador o de acusado, la imagen, siempre distante y extremadamente fría del lugar y de sus habituales ocupantes, ratificada por la consciente “auto magnificencia” de un/a juez/a que parece llegado de otra galaxia, le provocará una desalentadora sensación que tardará mucho tiempo en asumir y olvidar.
Pese a ello, y siempre en la primera visita - las siguientes, por experiencia, serán cosa distinta - el obligado visitante depositará en aquel lugar toda la confianza de que dispone para la mejor solución de su problema, deslumbrado de manera especial por la endiosada actitud - yo calificaría de voluntaria pose – de sus “señorías”. Lamentablemente, el resultado final, por lo general, será la obtención de una sentencia tardía, cara, ineficaz e irresponsable. En definitiva: siempre injusta.
Y si bien es cierto que todas y cada una de esas desalentadoras experiencias quedarán en el “armario” de cada uno de sus protagonistas, no alcanzando la difusión que tal injusticia merecería; no sucede lo mismo con aquellos asuntos que, transcendiendo de lo privado, afecta de lleno nuestras vidas: son las actuaciones judiciales derivadas de las actividades políticas, legales o no.
Y aún así, pese a la difusión que permite a la ciudadanía el conocimiento de estas últimas y la trascendencia que de ellas puedan derivarse, los parámetros de su mal funcionamiento, en ocasiones plenamente consciente y responsable de rozar de lleno, sino sobrepasar el lícito penal, son fácilmente intercambiables.
Las actuaciones a lo largo de estos últimos años de una Institución Fiscal, arropada, sino en connivencia plena con una Judicatura desnaturalizada, han pasado de sorprendernos, a obligarnos a replantearnos la sensatez y el equilibrio de tan necesarias instituciones.
Son tan burdas sus decisiones que no cabe apelar, para contrarrestar el malestar del ciudadano, el presumible desconocimiento que en materia jurídica éste pueda tener. Lejos, muy lejos de ello, lo que cabe pensar es que algunas de sus “señorías” han perdido el juicio o, descaradamente, poniéndose el birrete, la toga y los manguitos por montera, han decidido tomarnos el pelo.
En ningún momento debemos olvidar que, pese a ser dura, la Ley es, por encima de cualquier otra consideración, Ley. Un conjunto de normas que nos hemos dado para ser aplicadas con toda contundencia, sin matizaciones que, al albur de unos intereses determinados y con demasiada frecuencia bastardos, las desnaturalicen.
Es por ello que la mayoría de las actuaciones realizadas a lo largo de estos cuatro últimos años, por determinados jueces de la Audiencia Nacional, presididos, cómo no, por el ínclito juez Garzón, y de los Tribunales Supremos, sin olvidarnos del Constitucional, en clara connivencia con el estamento fiscal, además de ser una constante provocación a la inteligencia del ciudadano, produce vergüenza ajena.
Pese a que en estos casos es difícil de aceptar, cualquier persona con el mínimo sentido común - elemental sentido que se le supone en profusión a los estamentos jurídicos - podría entender que puedan darse contradicciones por razones de estricta interpretación de los libros de leyes.
Lo que ya no es tan fácil de entender y aún menos de asumir es que, partiendo de los mismos parámetros jurídicos, aquello que sirvieron para exculpar, o no sancionar en el mes de, pongamos por caso octubre, alcanzado el mes de febrero, y sin que se haya producido cambio alguno relevante en la documentación del proceso, provoquen la inmediata detención del procesado y su encarcelamiento sin fianza.
A nadie se le escapa que las decisiones del egocéntrico juez Garzón, en esta ocasión descaradamente encaminadas a favorecer las aspiraciones del psoe de ganar las próximas elecciones del 9 de marzo, son provocadas y precedidas por intereses impúdicamente partidistas. El caso concreto del procesamiento de la cúpula de la mal llamada “izquierda abertzale”, más conocida como eta, sería, sino fuera por la incongruencia en si misma, de juzgado de guardia. Por desgracia, no es el único caso.
Y uno, en su obligada “ingenuidad”, se pregunta por las razones que puedan justificar tan descaradas contradicciones en la aplicación de las leyes y, de manera especial, la incomprensible inoperancia de unos poderes judiciales que no se manifiestan con contundencia, para evitar desmanes de esta envergadura. Obsérvese la indolencia del Consejo General del Poder Judicial ante la desvergonzada manipulación que de la Justicia, desde hace mucho tiempo, viene haciendo este juez, en función de sus “conveniencias políticas”.
Por ello, aunque me permita a través de esta tribuna advertir al impresentable “juez estrella” que ya no engaña a nadie con sus burdas artimañas ¿jurídicas?, no puedo, como ciudadano común, dejar de preocuparme, en extremo, lo que ya en su momento denuncié en el libro “La inJusticia en España”: el omnímodo poder de los jueces en España.
De manera que frente a la seguridad que debería inspirar la justicia para el ciudadano, ¿cómo no sentirse inseguro, e incluso indefenso, ante una Administración de Justicia, que asume con toda naturalidad situaciones de esta envergadura, públicamente interesadas y descaradamente manipuladoras, de determinados jueces?
¿Por qué frente a casos como el presente no saltan todas las alarmas, ni se observa, en la Judicatura, el más leve movimiento de preocupación en busca de caminos que permitan atajar tales desmanes?
Felipe Cantos, escritor.
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